El uso de la ley como arma ideológica no es nada nuevo lamentablemente para este país del norte.
Ya nos habíamos referido AQUI a la Ley 89 (2017) de Ontario, Canadá, la cual permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. Según esta ley, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Esta ley también establece que las agencias gubernamentales prohíban a parejas con convicciones contrarias a los “derechos LGBT” el adoptar niños.
La Ley 13, de 2012, obligó a las escuelas públicas a tener “alianzas homosexuales” (=grupos gay) y exigió que las escuelas combatieran la “homofobia” y la “transfobia” por medio de programas educacionales al respecto y severos castigos a quienes fuesen contra lo políticamente correcto.
La Ley 77, de 2015 prohibió toda forma de terapia para menores que luchan con la disforia de género u otros aspectos de su sexualidad. Esto ocasionó una gran reacción negativa de numerosos psiquiatras y psicólogos de gran renombre.
La Ley 28, de 2016, eliminó los términos “madre” y “padre” de la ley de Ontario, y permite “acuerdos previos a la concepción” para que cuatro personas no relacionadas y no casadas se conviertan en padres “simultáneos” de una creatura.
También se ha establecido un sistema legal paralelo, con Cortes de Derechos Humanos que imponen pesadas multas y cárcel a quienes no suscriban a la imposición ideológica del género y sus pronombres por el “crimen” de no dirigirse a alguien por alguno de los pronombres que esa persona decida (los cuales pueden fluctuar a lo largo del día).[1]
En el 2016, el Parlamento de Canadá pasó la controversial Ley C-16, la cual enmendó el Código Penal y el Acta de Derechos Humanos de Canadá, incluyendo la “identidad de género”, la “orientación sexual” y la “expresión de género” en la lista de razones prohibitivas de discriminación. Además, se agregó en la sección 318(4) del Código Penal que al imponerse una sentencia, si se encuentra que la discriminación u ofensa en cuestión fue motivada por la “orientación sexual” de la persona, la sentencia debe ser agravada.
Con respecto a la pérdida de la patria potestad, la táctica legal que se ha usado es la de afirmar que la orientación sexual y la identidad de género es un derecho del niño, y, por ende, por encima de los derechos de los padres en cuanto padres. Es por eso que este lenguaje, una vez que se introduce en el sistema legal de una nación, tiene consecuencias nefastas.
La realidad es que el sistema legal de Canadá se inclina cada vez más a eliminar los derechos de los padres.
El miércoles 27 de febrero, la Corte Suprema de British Columbia ordenó que una niña de 14 años recibiera inyecciones de testosterona sin el consentimiento de sus padres, los cuales se habían opuesto debido a los grandes peligros para la salud que conllevan. El tribunal también declaró que, si alguno de sus padres se refería a ella usando pronombres femeninos o se dirigía a ella por su nombre de nacimiento, podrían ser acusados de violencia familiar. Ahora bien, la violencia familiar no solo conlleva el que le quiten a sus hijos, sino también penas de cárcel.
Un elemento a tener en cuenta en este caso, es que quien alentaba a la niña al cambio de sexo era la psicóloga de la escuela a quien la niña recurrió debido a la confusión generada por las clases de Educación Sexual que recibía. La psicóloga refirió a la niña al Dr. Brenden Hursh, del Hospital de Niños de British Columbia, quien es conocido por realizar tratamientos hormonales en niños a temprana edad. El padre de la niña se opuso a dicho tratamiento, citando no solo la peligrosidad de usar hormonas sintéticas que tienen como propósito imitar el desarrollo del sexo opuesto, sino también el hecho de que su hija sufre de problemas mentales, los cuales son la causa de su disforia de género.
A pesar de la negativa, preocupación y los derechos de los padres en cuanto padres, el médico les informó que los tratamientos hormonales comenzarían debido al consentimiento expreso del niño. Según el equipo de doctores ellos tenían el derecho de usurpar la autoridad de los padres debido a la ley vigente en la British Columbia, conocida como la Ley del Niño, la cual le da prioridad a los deseos del niño. Cuando el padre solicitó una orden judicial de la Corte, un juez consideró que la hija estaba facultada para “dar su consentimiento al tratamiento médico para la disforia de género”. El padre apeló la decisión de la corte, ya que “El gobierno ha usurpado nuestros derechos como padres. Están usando a nuestra hija como si fuera un conejillo de indias en un experimento”.
El padre indignado afirmaba a la Corte: “¿El Hospital de Niños de Columbia Británica estará allí en 5 años cuando ella rechace su identidad masculina? No, no estarán. A ellos no les importa más que los números”. Es decir, a estos médicos lo que les importa realmente son los cientos de miles de dólares que reciben por cada tratamiento de “reasignación de sexo”, pagado por los impuestos de los ciudadanos de este país, ya que el sistema de salud pública cubre completamente dichos tratamientos. El padre de la niña también tiene razón en alarmarse con respecto al futuro arrepentimiento de su hija. Veamos esto.
Como afirmo en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la disforia de género es un grave problema de salud mental, la cual tiene una enorme tasa de deserción. En algunos estudios muy importantes que presento en el libro, se ha demostrado que hasta el 95% de los niños y jóvenes que decían estar inseguros de su propia sexualidad al llegar a la juventud o edad adulta la superan. Pero la ideología de género es un sistema de creencias que cada vez más se asemeja a una religión de culto, a un tipo de gnosticismo moderno que niega la realidad física por una percepción falsa de la propia identidad. Y lo que es peor, esta ideología está siendo forzada por el Estado en contra del público y los padres en clara violación de los derechos humanos más básicos. La ideología del género es un credo intolerante y sus dogmas exigen el sacrificio no solo de los derechos de los padres y los derechos de conciencia, sino también de la atención psicológica que necesitan desesperadamente todos aquellos niños y adultos con problemas de disforia sexual y de género. A fin de cuentas, todos somos víctimas, pero algunos más que otros.
Canadá es un paradigma de cuán lejos puede llegar una dictadura del género. En otros países no ha llegado a tanto, pero van por ese camino. Es por eso que TODOS debemos actuar y no permitir que la ideología se inmiscuya en la ley, la política, la educación y el resto de las instituciones de nuestra sociedad.
De misma manera, esta dictadura también está en relieve y manifestándose en la Argentina, con el auge de la politización extrema de la diversidad y comunidad LGBTI+Q, y a su vez, imponiendo la ideología de género desde temprana edad en las instituciones educativas.
