El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería.
Allanan la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular
Chubut convulsionada: luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno. Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de “ecoterrorista”. Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna. Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial.
