El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de primera nominación Tomás Méndez Curutchet, ordenó como medida cautelar que Uber Argentina y/o UberTechnologies Inc y/o Uber BV u otra empresa vinculada que preste servicios para las mencionadas, “suspenda la aplicación móvil y/o su plataforma tecnológica en la ciudad de Salta para transporte de pasajeros”.
La medida se enmarca en una acción iniciada por Marcelo Ferraris, como presidente de la Autoridad Metropolita del Transporte (AMT).
El juez analizó los antecedentes en otras jurisdicciones y recordó que la actividad se trataría del transporte de personas que en la Provincia de Salta se encuentra bajo la órbita de control de la AMT.
Para ello se apoyó en declaraciones periodísticas de quien manifestó representar a UBER, Johanna Picciano, quien expresó, entre otras cosas, que el próximo lunes comenzarían a prestar el servicio en Salta a través de 7000 personas y que 48.000 personas habrían descargado la aplicación.
Por otro lado, la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa) advirtió que la llegada de UBER pondrá en peligro la fuente laboral de más de 7 mil trabajadores, por lo cual elevó notas al gobernador de la provincia y al presidente de la Cámara de Diputados de Salta en las que califican el posible arribo, implementación y uso de Uber como “inconstitucional”.
A su vez, desde la AMT expresaron que “la Provincia no autoriza el uso de Uber ni de otra aplicación de internet para taxis y remises y que aplicará sanciones a las unidades que funcionen bajo este sistema, ya que se trata de un servicio ilegal de transporte que pone en riesgo a cientos de puestos de trabajo y a la vez a los pasajeros que la utilicen”.
También advirtió que Uber no posee domicilios ni oficinas en la provincia, lo que en primera instancia deja un vacío legal a los usuarios ante cualquier reclamo o percance.
