El diputado provincial, Carlos Zapata, constantemente afirma que los políticos involucrados en delitos contra la administración pública no son investigados y mucho menos condenados. Por tal motivo, presento un proyecto de declaración, a través del cual se solicita al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal mayor celeridad ante causas de corrupción.
Los últimos años estuvieron marcados por causas resonantes, como la denominada “Causa de los Intendentes”, en la que Sergio Omar Ramos, exitnendente de Rosario de Lerma, estaba imputado por malversación de fondos de la Cooperadora Asistencia de Rosario de Lerma. Sin embargo, la causa prescribió y hoy es senador provincial. En junio de este año, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos pidió la elevación a juicio contra Sergio Ramos, por peculado.
Sobre el caso Manuel Cornejo, la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, pidió su detención, pero Cornejo se presentó a declarar y no quedó detenido. La situación de Ernesto Gonza es similar y Simesen de Bielke, quien también investiga al exjefe comunal sanlorenceño, pidió la elevación a juicio por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.
Asimismo, Jorge Prado, el intervenido intendente de Agauaray, es uno de los principales apuntados por el robo de caños del Gasoducto NEA, hecho que se convirtió en un escándalo a nivel nacional, pero esta causa está en manos de la Justicia Federal.
La declaración, presentada este jueves ante la Cámara de Diputados, establece:
“Que vería con agrado que el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Provincia, en ejercicio de sus facultades, implementen en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias, para que las causas en las que se investigan delitos contra la administración pública tramiten con la mayor celeridad posible a fin de garantizar que la sanción penal, en los casos que correspondan, sean dictadas en tiempo oportuno, todo ello en el entendimiento de que es deber de todos los órganos del Estado combatir con eficiencia y eficacia la corrupción, ya que ello, como señala el Preámbulo del Convención Interamericana contra la Corrupción, fortalece las instituciones democráticas y evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.
