A pesar de la extraordinaria difusión del acuerdo de la Universidad de Oxford y el laboratorio británico-sueco AstraZeneca con un laboratorio argentino y otro mexicano para la producción de una vacuna contra el Covid-19.
Alberto Fernández celebró que Oxford y AstraZeneca contrataran al laboratorio mAbxience, que pertenece a Hugo Sigman, para la fabricación de la vacuna que todavía se está investigando. Al día siguiente, Sigman explicó que se trata de un acuerdo entre privados, en el que el Estado carece de participación. Sin embargo, el ministro Ginés González García adelantó que el Estado adquirirá 11 millones de dosis de la vacuna. “El que la necesite la va a tener, pagada por el Estado”, aseguró.
En el emprendimiento participan también la fundación Slim y la farmacéutica Liomont, ambas mexicanas. Por eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, habló de la vacuna. Dijo que había dado instrucciones al organismo de control sanitario para evitar la burocracia en su aprobación. Aun así, cuando le preguntaron qué sucedería si aparecía una solución distinta, aseguró: “Si en Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación; yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin para que se tenga la vacuna y lo mismo en el caso de Estados Unidos”.
¿Alberto Fernández haría lo mismo? No está claro. A pesar de que, horas antes de festejar el acuerdo de Sigman, había festejado también la dudosa vacuna de Vladimir Putin.
El gobierno nacional y popular delega la solución en un empresario privado al que le garantiza la compra monopólica de su producto a un precio incierto y con riesgos peligrosos.
El suministro de vacunas es una actividad opaca. En 2015, se compraron 7,6 millones y se aplicaron 5,3 millones. En 2016, se compraron 7,4 millones y se aplicaron 5,9 millones. En 2017, se compraron 8,4 millones y se aplicaron 5,3 millones. En 2018, se compraron 8,3 millones y se aplicaron 3,7 millones. Ese último año el Estado pagó 1068 millones de pesos.
Por último, una vez que esta vacuna esté lista, habrá que asegurarse, si respetarán la voluntad de cada argentino para su posterior uso y aplicación.
Fuente: La Nación
