A partir del 01 de enero de 2020, 275 Aspirantes de II Año del Curso de Formación de Agentes fueron designados en la Policía de la Provincia de Salta, con el grado de Agente Cuerpo Seguridad – Escalafón General, por mandato del Ministro de Seguridad Coronel retirado del Ejército, Juan Manuel Pulleiro en connivencia con la Jefa de Policía Norma Morales, les pagaron a agentes una beca como Aspirantes de Agentes por un monto de $8.646 mensuales, pago realizado desde la Oficina de División Tesorería de Policía, correspondientes por el período de Enero a Marzo de 2020, lo cual suma acumulado $25940.
Claramente el Estado los está estafando al hacerlos trabajar como agentes pero pagándoles como becarios, violando lo establecido en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales, en éste caso el Estado renunció a ser garante del cumplimento de los Deberes, Derechos y Garantías consagrados en la CONSTITUCION NACIONAL en su Artículo 14 bis: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea.
Al parecer el cumplimiento de las leyes no está contemplado por el Ministro Pulleiro, ni por la Jefa de Policía Morales, que aprovechándose de su supremacía de poder incurre en el delito de Defraudación, Abuso de Autoridad, Violación a los Derechos Humanos, en perjuicio de los 275 AGENTES recién recibidos, entre otras figuras penales, con el agravante que son funcionarios provinciales en ejercicio de sus funciones.
El Estado Salteño violó Derechos Humanos, transgrediendo las normas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos , claramente se puede observar una falta al principio de subsidiariedad, al aprovecharse de las condiciones de los Agentes, quienes fueron informados como trabajadores en blanco desde la Administración Provincial, motivo por el cual a partir de la certificación negativa de Anses algunos de ellos sufrieron la quita de beneficios quedando sus familias a partir de Enero de 2020 sin AUH, carga social con hijos, familiares a cargo.
Ésta situación por la que atraviesan éstos agentes, violados en sus derechos por delitos que deben ser observadas de OFICIO por el DEFENSOR DEL PUEBLO, quién debe pedir de manera urgente a la JUSTICIA NACIONAL se abra una investigación ajustándose a derecho según La Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos(Pacto se San José) en su Artículo 8 establece Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída (…) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Aunque hayan pretendido hacerlos pasar como aspirantes con un irregular pago de haberes, en el plan de estudios, aprobado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, no contempla actividades o ciclos extra curriculares posteriores de haber recibido el título de TECNICOS EN SEGURIDAD.
Fuente: Diario Metán Noticias
