Así calificó la dirigente del PO salteño, Gabriela Jorge, la decisión del gobierno provincial de impulsar la utilización de las aéreas amarillas del mapa provincial de tierras para un proceso de “ganadería integrada”, en nombre de combatir la gravísima situación socio-sanitaria que se vive en el norte salteño.
Para fundamentar su postura, la dirigente trotskista agregó: “El gobernador Sáenz tuvo que esperar la muerte de 6 niños y una mujer Wichis para recién internar compulsivamente a más de una treintena de criaturas que se encuentran en estado delicado, lo que deja aún más claro que los negocios capitalistas con el suelo salteño, impulsados por los gobiernos de al menos los últimos 30 años, han llegado a un límite intolerable. Sin embargo, en vez de revisar esta política infame, ahora quiere profundizarla en nombre de combatir la debacle que ésta misma ha creado. El impulso de un esquema de ganadería integrada en el chaco salteño no es nuevo sino que fue planteado por Urtubey como alternativa al desmadre social y ambiental producido por su propia política de desmontes y la de su antecesor, Romero. Ahora Sáenz lo presenta como una novedad, aprovechando la crisis por las muertes por desnutrición en Rivadavia, omitiendo que este planteo no prosperó porque los capitalistas interesados en este negocio quieren que el Estado se haga cargo de las inversiones en infraestructura (agua, caminos, etc.) y arme un esquema de regularización sobre la propiedad de la tierra para poder establecer un proceso de subordinación y hasta concentración de tierras de las familias criollas de la zona que ya practican ganadería a pequeña escala, en manos de grandes capitalistas que impulsen este nuevo negocio”.
“Esto es lo que está detrás de los dichos del secretario de Ambiente de la Provincial cuando habla de que los grandes productores necesitan ‘seguridad’ para ‘arriesgar en inversión’ y cuando el ministro sojero, Martín de los Ríos, reclama a Nación que se paguen los fondos adeudados por las restricciones impuestas por la Ley de Bosques a los terratenientes. Este esquema, que de todos modos no contempla las formas de vida de las comunidades originarias, las más afectadas por el avance de la frontera agropecuaria, sólo prosperará como un negociado a costa del Estado y de los pequeños productores, agravando aún más la situación en el chaco salteño. Mientras, los pobladores de Rivadavia seguirán condenados a la miseria social y a la desaparición”, concluyó la ex diputada del PO.
Para finalizar, Gabriela Jorge agregó: “La situación que sufren las comunidades originarias del chaco salteño son la expresión más descarnada del fracaso de todo un régimen social y político al que Sáenz pretende preservar. Por eso, ahora arma una ‘multisectorial’ que evita poner cualquier plan que lleve adelante el Estado, bajo dirección y control de las propias comunidades afectadas, con el concurso de profesionales y técnicos independientes. Denunciamos este nuevo engaño del gobierno e impulsaremos la movilización en su contra junto con los sectores que realmente pelean por poner fin a esta masacre social”.
