En la Ciudad de Buenos Aires cuatro de cada diez víctimas de violencia sexual son menores de edad, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Las agresiones a niñas y adolescentes son las más altas y cuando empiezan a viajar y a moverse solas sufren la mayor cantidad de intimidaciones sobre su cuerpo y su libertad.
Para ellas volver del colegio, el club o de juntarse con amigas no es igual que para sus amigos, sus hermanos o compañeros. Y ni siquiera igual que para sus madres o tías. Las más chicas son quienes más se ven amedrentadas. Pero el 87 por ciento no hace la denuncia: por desconfianza en las instituciones, falta de tiempo, dificultades para señalar al agresor o miedo.
En Francia encontraron la forma para que la propia víctima no sea la que tenga que tomar coraje, buscar a un policía, pedirle a alguien que la acompañe a la comisaría y pasarse largas horas repitiendo las palabras, miradas o manoseos que las hicieron sufrir. Los policías pueden multar el acoso callejero directamente sin que tenga que ser un pedido de las víctimas, igual que hacen si ven a un conductor pasar un semáforo en rojo.
“Hemos avanzado en Francia y los policías de tránsito pueden hacer la multa directamente. No tiene que hacer la denuncia la mujer”, explica a Infobae la diputada Alexandra Louis (de La Repúblique en Marche), autora de la ley (703) contra la violencia sexual y de género y el acoso cibernético que fue aprobada el 3 de agosto de 2018.
“Las leyes formidables, si no se aplican, no sirven de nada”, ajusta Louis. La norma se aplica en Francia en donde ya hay 700 multas por acoso callejero. El monto mínimo es de 300 euros (por lo menos veinte mil pesos en los valores del cambio oficial argentino por debajo del blue o el monto real con el impuesto al turismo). Si el caso es grave –si se trata de abuso, ultraje o hay otras circunstancias agravantes- la penalidad económica aumenta y el agresor puede ser obligado a tomar un curso con perspectiva de género.