A casi un mes de los conflictos tras el polémico conteo de votos, 23 personas perdieron la vida en diferentes circunstancias y en diferentes puntos del país. Sus muertes dejaron a sus familias desoladas y piden justicia.
En los sucesos de Cochabamba, las autoridades e instituciones llamadas por ley a brindar los informes y datos no tuvieron la celeridad que la población demanda. Esto en parte, a la desconfianza de los sectores sociales que incluso no permitían que se realicen las autopsias.
El último informe de la Físcalia señala que los proyectiles son de armas largas. Y de las nueve personas fallecidas, en el puente Huayllani, ocho tiene orificios de entrada y salida, por lo que no se tiene balas colectadas. Sólo en un cuerpo, se colectó una bala deformada, que es sometida a exámenes técnicos.
Sin embargo, a través de las imágenes que los mismos bolivianos hacen llegar a las redes sociales, se puede observar un dispositivo de gas que es lanzado como una bala, pero perfora el cráneo y lo destruye. Se considera así que la situación es mucho más grave de lo que parece.
