El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta adhirió, junto a otras asociaciones civiles del país, al Pacto Social Anticorrupción elaborado por la Alianza de Gobierno Abierto y la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto.
Preocupa a las asociaciones civiles que firman y adhieren a este Pacto Social las fallas institucionales que permiten que la corrupción ocurra profundizando las desigualdades de nuestro país y aleja aún más a los sectores de poder de aquellas/la que ven vulnerados sus derechos.
El acuerdo elaborado, presenta un conjunto de propuestas de reforma normativa y de políticas públicas que Argentina debería implementar en materia de lucha contra la corrupción y entienden que estas propuestas construirán un avance significativo para la lucha de este mal, el fortalecimiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Las propuestas elaboradas por este conjunto de asociación civiles busca impulsar una nueva Ley de Ética de la Función Pública a través del fortalecimiento de la carrera administrativa y los concursos en todos los Poderes del Estado; investigación y sanción de la corrupción pública y privada; reformas procesales para la investigación de la corrupción; un nuevo régimen de compras y contrataciones públicas; prevención de desviaciones en el uso de los recursos públicos para fines políticos-partidarios; financiamiento de la política; transparencia presupuestaria y fiscal, transparencia de los mercados financieros y control de la corrupción en el sector privado; fortalecimiento institucional a través de la independencia y eficacia del Poder Judicial; fortalecimiento del rol de los Ministerios Públicos; reforma de los organismos con roles de control relacionado a la corrupción, basada en la transparencia e independencia funcional y presupuestaria y el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría.
Además, este documento propone una reforma del Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la asignación de recursos y en el ejercicio de las funciones contempladas en la Ley de Inteligencia Nacional; incentivar la participación ciudadana en la prevención, investigación y sanción de la corrupción y promover nuevos modelos de capacitación e investigación sobre la corrupción desde una perspectiva basada en la igualdad, la justicia y la democracia.
