Los vecinos exigen a diputados que investiguen estafa millonaria.
El diputado Claudio del Pla relató a canal 7 que se trata de una venta ilegal por parte de estudios jurídicos. Los primeros vecinos se ubicaron allí en 1998, cuando comenzaron a pagar sus lotes a una empresa que posteriormente se declaró en quiebra. La deuda pasó por varios bancos, hasta que llegó al Caseros, que también se declaró en quiebra. En medio de la crisis de la década del 2000, los vecinos de este barrio quedaron a la deriva, sin que nadie se hiciera cargo del proyecto de loteo.
Actualmente, todos los vecinos tienen cédula parcelaria individual e incluso algunos, que ya habían cancelado el terreno por aquel tiempo, lograron hacer su escritura. Sin embargo, hace tres meses todos, sin excepción, recibieron una notificación de un estudio jurídico, en la que los intiman a acercarse a las oficinas del doctor Pablo de la Merced, para regularizar su situación, firmar un nuevo contrato de pago en dólares, bajo la advertencia de que quien no lo hiciera sería desalojado. “En el momento en que nos dieron la nota, advirtieron que teníamos 5 días para acercarnos a la oficina”, explicó uno de los vecinos, quien destacó que el supuesto nuevo dueño de los terrenos, el señor Miguel Rueda, los había comprado en un remate en Buenos Aires y que ahora se hacía cargo del cobro de la deuda pendiente.
Jaquelina González destacó que cuando los vecinos tomaron conocimiento de que alguien se hacía cargo del loteo lo invitaron al reunirse con ellos, pero Rueda se negó y afirmó que solo los recibiría en el estudio y que no atendería a más de 5 vecinos por encuentro.
Sobre esta situación el legislador comentó que “son 118 familias que hace 10 años ocupan pacíficamente esos lotes, nunca fueron intimadas. Evidentemente hubo una maniobra de un supuesto comprador que quiere cobrar a los vecinos 100 veces más del valor que él pagó en febrero comprando los terrenos”.
“Ha habido evidentemente una maniobra y nosotros consideramos que hay un interés social que tiene que estar por arriba, el Estado tiene que intervenir”, agregó Del Plá.
Desde que la zona se comenzó a habitar, fueron los mismos vecinos quienes convirtieron un monte en un barrio, que al día de hoy cuenta con iluminación, red de agua y servicio de recolección de residuos.
