Desde hace algún tiempo empezó a sonar con mayor fuerza el rumor sobre una reforma constitucional en Salta. De acuerdo a las pretensiones del oficialismo, los convencionales constituyentes serían elegidos y trabajarían antes de que Juan Manuel Urtubey abandonase el Grand Bourg en 2019. Figuras de la oposición apoyan la iniciativa, tal el caso del diputado nacional Alfredo Olmedo, quien además ya hizo público su anhelo de pelear por la gobernación en las próximas elecciones.El empresario de haciendas y fundador de Salta Somos Todos, en sintonía con Urtubey, considera urgente una reforma constitucional. No sólo coincide con Urtubey, Olmedo también valora los aportes que pudiera dar Juan Carlos Romero, anterior gobernador que, al igual que el actual cuando termine el mandato en curso, permaneció doce años en el poder.

En la visión de Olmedo, que ambos hayan sido los gobernadores que estuvieron tres mandatos al frente de la Provincia los convierte en conocedores al respecto de los perjuicios de establecerse tanto tiempo al frente de un poder ejecutivo. Las pretensiones de reforma no se ciñen a la suerte de la gobernación, también se pretende estrechar las reelecciones indefinidas de los intendentes tanto como los mandatos de los legisladores provinciales y municipales.

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Dilatar

Otro de los que podría aspirar a suceder a Urtubey, el intendente de la capital, Gustavo Ruberto Sáenz, no tuvo la misma posición que el sojero. Éste y su entorno entendieron que posicionarse en contra de discutir mayores alternancias en los cargos de poder hubiese sido ir contra el hasta ahora vitoreado discurso republicanista, propio del abigarrado espacio Cambiemos -UCR (Unión Cívica Radical) incluida-. Ni el jefe comunal ni sus allegados/as negaron que fuese importante debatir una reforma constitucional al respecto, de hecho montaron reuniones internas sobre el asunto, aunque pretenden que sea el o la próximo/a gobernador/a quien encare el proceso de enmienda a la Constitución Provincial.

Como cada vez que se trata de mostrar silueta política en las filas del saenzismo, Luis María García Salado, el ahora jefe de Gabinete municipal, fue el primero en reconocer la importancia de discutir la alternancia y limitaciones al poder gubernamental de turno, aunque con un contexto preparatorio que sólo ocurriría cuando Urtubey ya no sea un obstáculo para los intereses de Ruberto Sáenz.

Además del opositor intendente de Salta, un aliado del oficialismo, Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, desestimó que haga falta una discusión inmediata sobre la reforma constitucional. Antes bien, sugirió Godoy con socarronería y sin posicionarse en el debate entre Ruberto Sáenz y Urtubey, sería más oportuno establecer constitucionalmente porcentajes mínimos de presupuesto para salud y educación.

Referéndum libre

En defensa del gobernador, el diputado provincial Matías Posadas salió al cruce de Ruberto Sáenz y los suyos al resaltar que poner en discusión en qué momento realizar la reforma es una manera de ponderar los intereses individuales sobre los de la ciudadanía salteña. Siguiendo con Posadas, la reforma de la constitución sería un interés colectivo urgente, una causa popular.

Si esa confianza es genuina, el oficialismo podría apelar a una consulta popular previa para determinar si es urgente una reforma constitucional y qué puntos deberían priorizarse. Es cierto que desde Grand Bourg se instaló el debate en torno a la alternancia, pero una reforma constitucional no se acota sólo a eso, puede tener injerencia en una gran cantidad de aspectos más.

El abogado Luis Caro Figueroa aseguró en su portal digital que un mecanismo que al que podría apelarse para convocar una reforma constitucional que torne popular es convocar un referéndum libre. Tal propuesta tendría la virtud de socializar la decisión, sí, pero además sería una oportunidad para discutir qué agenda realmente interesa popularmente más allá de los esquemas de poder que afectan exclusivamente a los dirigentes políticos.

La cuestión judicial

El antecedente reciente de una enmienda rauda que Urtubey haya querido introducir a la Carta Magna de la Provincia fue a mediados del año pasado, cuando anunció que estaba interesado en modificar el sistema judicial salteño, introduciendo, entre otras cosas, la permanencia vitalicia en los cargos de los y las jueces de la Corte de Justicia.

De todos modos, en esta nueva avanzada oficialista poco se mencionó la discusión en torno a los jueces y los cambios al sistema judicial que pretendían hacerse. Pensar la independencia de poderes es un buen argumento para disociar los mandatos del Ejecutivo con los del Judicial, pero volver vitalicios estos últimos lejos está de la pretensión de restituirle entidad institucional a la alternancia.

Una voz de ese ámbito, que también supo ser diputado provincial por el radicalismo, Alejandro Saravia, le dijo a Punto Uno que la pretendida reforma es “inoportuna y, por lo menos, poco transparente”.

El recientemente jubilado fiscal de la Corte de Justicia salteña, añadió, en sintonía con Ruberto Sáenz, que “a las claras no hay consenso para reformar ahora”. Completó: “Este ciclo de 24 años -gobiernos de Romero y Urtubey- debe cerrarse y recién modificar la Constitución con un nuevo acuerdo social. Detrás del señuelo del límite a las reelecciones se procura sólo dar estabilidad a esta Corte que mostró manejos opacos, por ejemplo en la Causa de los Intendentes”.