“Devuelvan lo robado”, corean sobre todo oficialistas. Negocian aprobar la ley de extinción de dominio en el senado que cuenta con media sanción desde hace dos años.
En otra emisión del programa Palabras y Verdades, emitido por Canal 7 de Salta y conducido por el periodista Raúl Belmont, se tocó un tema fundamental y transversal. Bajo el lema “devuelvan lo robado”, se pretende desde los sectores políticos nacionales negociar que se apruebe en el senado la ley de extinción de dominio.
Dicha ley, tiene como objetivo la recuperación rápida de los bienes robados al Estado. Sin dudas, un deseo en la conciencia de millones de argentinos y la ambición de muchos sectores políticos de ver la trágica condena social y humillación de tener que retornar lo que se apropió indebidamente cuando se tenía poder. Los impulsores, muchas veces argumentan una resolución de la “crisis económica” si sale la ley.
La diputada provincial Gladys “Pichona” Moisés (PRO), comentó al respecto que “la impunidad genera más corrupción porque la persona que sabe que no le va a pasar nada, escala en la corrupción. Muchas veces están 4 o 5 años presos y cuando salen tienen una vida de magnate. En cambio, si le quitaran los vienes objetos de ilícito, se corregirían porque se preguntarían ¿Para qué voy a cometer estos delitos si voy a ir a la cárcel?”, dijo la diputada.
El líder del Frente Renovador Sergio Massa y el presidente del bloque de senadores del PJ analizaron este fin de semana la posibilidad de introducir una serie de cambios a la ley de extinción de dominio aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados de la Nación y que está cerca de perder su estado parlamentario.
Lázaro Báez es un ejemplo de un embargo millonario preventivo. El artículo 23 del Código Penal permite el recupero de ganancias ilícitas. Si esta ley fuera aprobada y promulgada, se aplicarían otros criterios.
La diputada Moisés agregó que “cuando lo gente conquista derechos no genera problemas pero cuando se quieren quitar privilegios, ahí es donde se oponen y hacen marchas”, disparó en referencia a los beneficios que genera un alto poder adquisitivo ilícito.
En la rosca nacional, Massa, Pichetto y la jefa del bloque de diputados massista, Graciela Camaño -según información de fuentes oficiales nacionales- ya habrían acordado buscar una salida jurídica para intentar destrabar el proyecto reclamado por jueces y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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