“Don Sixto” consiste en una propuesta extractiva de plata y oro que se ubica en el límite entre San Rafael y Malargüe (comprende parte de Agua Escondida y Punta del Agua). El polémico proyecto figura desde hace meses como uno de los que quiere reactivar la Nación en Mendoza.
Se trata de un proyecto marcado por intereses económicos mineros, su vinculación con caciques políticos peronistas y la connivencia de estos con el Estado, quienes son protagonistas en una disputa con la comunidad mapuche que lleva algunos años en el Sur provincial. Resulta que el presidente del PJ, actual diputado nacional y ex intendente de San Rafael, Omar Félix, junto a su familia manejan los campos “heredados” de Chafí Félix en esta zona, donde se ubica el proyecto minero Don Sixto.
La familia Félix se ha constituido en una clara representante de la casta política sanrafaelina. El imperio Félix en el Sur es legendario, padre e hijos llevan en el poder repitiendo al menos 7 intendencias en el departamento. Tantos años al poder, permiten poner en duda para algunos la extensa cantidad de tierras declaradas en su propiedad.
El yacimiento contiene reservas de oro, plata y cobre. Emir y Omar Félix, “poseen” (aún la Justicia no ratifica que esa posesión de tierras sea legal) en esa localidad dos propiedades, una de 2.000 y otra de 7.000 hectáreas, adquiridas por su padre Chafí Félix en 1985. Los hermanos comparten la propiedad del yacimiento con otras familias a quienes les vendieron parte de tierras, los dueños de los otros terrenos que abarca la mina.
El proyecto de explotación de la mina se frenó con la implementación de la Ley 7.722, aunque tanto los terratenientes como la firma canadiense Yamana Gold a cargo, se esperanzan con la reactivación “controlada” mediante la presión del Gobierno nacional de avanzar con la minería en Mendoza.
Uno de los planteos que ha hecho el gobierno nacional desde su asunción es un “guiño” a la minería. Esta razón explica que se hayan desgravado las “retenciones” a las mineras, lo que ha generado muchos reclamos por parte de las asociaciones ambientalistas de todo el país. Incluso, un documento de la Secretaría de Minería de la Nación en el que se muestran cuáles son los proyectos más importantes para desarrollar en nuestro país, y uno de los que figura es “Don Sixto”.
La autorización para avanzar con esta explotación sería una más de las muchas que otorgaría el Poder Ejecutivo provincial si no se tratara de una mina ubicada en un terreno que pertenece, en parte, a Omar Chafí Félix.
En este marco, los flamantes “terratenientes” en el Sur junto a los empresarios mineros canadienses que instalaron el proyecto minero en esa zona, iniciaron hace al menos cinco años una disputa que tuvo muchas idas y vueltas con la comunidad mapuche de la zona. El desarrollo y el avance de este litigio,durante estos años mostró cierta connivencia entre distintos sectores, la asociación entre funcionarios públicos y grandes proyectos mineros, encubiertos y protegidos por las instituciones del Estado, como ciertos sectores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza.
La poca claridad en la titularidad de estas tierras es algo que aún investiga la Justicia. En medio de esta causa, lo que sorprende es la cantidad de tierras del Sur que declaró judicialmente tener bajo su propiedad el presidente del PJ mendocino, unas “40 mil hectáreas”.
El litigio que pone al descubierto los manejos de la familia Félix
La comunidad mapuche Lof Rukache, que habita la zona del paraje de Agua Nueva del distrito malargüino de Agua Escondida, presentaron un reclamo por irregularidades y reiterados intentos de despojos.
En diálogo con Diario Somos, Gabriel Jofré, autoridad política de la organización Malalweche que reúne a más de 25 comunidades mapuches en el Sur provincial, contó en detalle sobre manejos que sufrieron muchas familias de la zona, operaciones mediáticas para resguardar la imagen política y cómo surgió este litigio con los hermanos Félix que continúa hasta hoy.
“Lo que pasa es que Chafí Félix fue intendente de San Rafael durante la dictadura, pero antes de ser intendente apareció en Agua Nueva diciéndole a la gente de ahí que iba a hacer una prueba con unas piedras blancas que había encontrado, se puso a hacer esa prueba en el territorio con un cateo minero. Pero después volvió y en determinado momento aparecieron los títulos de propiedad, por eso muchos de los terratenientes que hay en Malargüe están vinculados a procesos judiciales por adquisición de derechos sobre la gente. Los hacían firmar cosas involuntariamente porque no saben leer ni escribir, por eso el proceso judicial va a empezar a levantar un montón de tierra”, explicó Jofré.
Llamativamente, en 1985, a los dos años de culminar su tercera intendencia en San Rafael, los hijos de Chafí Félix señalan que su padre había “comprado” las tierras del lugar. Lo que queda poco claro es el proceso de compra de esas tierras o a quién le compró, más que nada, entendiendo que es un territorio con potencial minero. “Es algo que se repite mucho por estas zonas, apoderados o terratenientes que aparecen, primero hacen un cateo y después aparecen diciendo que tienen la propiedad”, señaló.
“Cuando surgió el proyecto que llamaron Don Sixto, acompañado de eso aparecieron unas familias apoderadas diciendo haber adquirido el campo y lo empezaron a cerrar”, señaló Longo. “Pero cuando empiezan a argumentarse, los que habían adquirido los campos que ahora empezaban a cerrarlo justamente dicen habérselo comprado a los Félix”, agregó.
Tras estos movimientos, llegó y se instaló la minera en el lugar. “Hicieron acuerdos con algunas familias de la comunidad y quisieron explicarle a la gente de Agua Nueva sobre cómo usaban el agua y otras cosas, pero obviamente no los convencieron básicamente porque querían hacer un dique de contención para usar el agua para la mina”, señaló. En este marco, se empezó a generar resistencia por parte de algunas familias de la comunidad.
Es que a partir de la instalación del proyecto minero aurífero “Don Sixto” aumentaron los intereses sobre la zona: pobladores y personas ajenas empezaron a entrar en conflicto por el acceso al agua y la propiedad poco clara de la tierra. Se inició un proceso judicial de denuncias, de idas y vueltas, en el cual figura un tal vecino del lugar Rolando Martínez, una persona que lleva adelante este litigio. El mismo trabajaría con los Félix según Jofré y señala que el abogado de Martínez justamente trabaja en el mismo estudio que los abogados de los Félix. Es que incluso, cuando el oficial de justicia local notificó el nuevo recurso de no innovar a Rolando Martínez, argumentó que estaba trabajando como empleado de Omar Félix.
El conflicto tomo tonos cada vez más tensos con las familias apoderadas y en un momento se presentó por voluntad propia Omar Félix, quien intervino en el proceso.“Los dos hermanos finalmente se hicieron parte de un proceso de denuncias y manifestaron desconocer a la comunidad indígena de la zona cuando su padre fue el primero que apareció en el lugar amistosamente. Eso está en un expediente judicial, incluso los Félix se argumentaron diciendo que habían tomado un acuerdo con una de las familias de la comunidad para que se quedaran con ese campo”, contó Jofré. En este marco, explica que los Félix también cerraron su parte de campo y cuando empezaron a avanzar sobre el resto de las familias es cuando comenzaron a profundizarse los conflictos.
El reclamo de la comunidad para garantizar su posesión continúa hoy en manos de la Corte Suprema, sin embargo, los Félix ya han obtenido dos fallos en su contra que favorecieron finalmente a la comunidad por parte del Juzgado Civil. Lo que se va a realizar ahora es un estudio de título de la gente que se presentó como propietaria de estos territorios. “Allá ha ido directamente el juez de los fiscales a hacer una inspección ocular y se entrevistó con la gente de la comunidad y nos ha dado a favor el fallo. Primero en una orden que dictó de no innovar, de no avanzar con los alambrados y segundo en el proceso judicial en el proceso de solicitud del territorio”, detalló.
Las declaraciones judiciales del actual diputado nacional en estas causas, están registradas en el mismo expediente. “Nosotros no hemos visto nunca el título, no lo ha presentado. Fuimos a Catastro y el territorio donde está hoy la comunidad está en blanco”, manifestó Jofré.
Por otro lado, manifestó que en medio de este conflicto, a principios de 2017 los Félix llevaron adelante una operación mediática para revertir su imagen tras los fallos. “Otros pobladores que obviamente responden a ellos o acordaron económicamente salieron a hablar en algunos medios”, señaló.
Los dirigentes políticos respondieron desligándose del conflicto, acusando que detrás de esas denuncias había una intención política. El mismo intendente de San Rafael, Emir Félix, admitió que los dos dirigentes son dueños de esas tierras. “Nosotros tenemos dos propiedades en esa zona, que las compró mi padre en 1985, y la zona de conflicto está entre esas dos propiedades”, había señalado a Mendoza Post el jefe comunal. Además, destacó en ese momento que con las siete familias que viven en una de esas tierras “nunca tuvimos problemas. Es más son amigos”.
“Ellos (Emir y Omar Félix) argumentan que no habían tenido algún problema en ningún momento con la gente de la comunidad de allí porque nunca les contaron a la gente cuál era concretamente la situación territorial”, señaló Jofré. Por último, aclaró que de las familias a las que Félix les vendió el terreno, ninguno de ellos tiene la titularidad, sino que los dirigentes políticos les han dado una especie de acuerdo, de compra-venta.
“Solamente la Justicia una vez que avance va a destapar toda esta olla digamos. Son entramados muy complejos, porque aparte es todo irregular, entonces una cosa va tapando otra y otra, y las empresas aparte no tienen escrúpulos en eso. Mientras vos le traigas un papel y ellos avancen ya está porque después total ellos se van y el problema lo puede llegar a tener otro”, concluyó.
Los negocios con la compañía minera
Por estos días, en la zona se pueden ver caños que salen cada 200 o 300 metros, están las picadas todas marcadas y algunos principios de túneles debido a que realizaban los trabajos bajo tierra. “Hicieron un montón de perforaciones en distintos lugares y de eso hay unos caños hacia afuera que quedaron, y se ven 15 o 20. Aún están los pasivos ambientales en el lugar”, señaló Longo.
Asimismo, las personas que viven allí señalan que la empresa sigue con presencia allí. Hay gente responsable del predio y de la empresa. “Porque la firma lo que argumenta es que están esperando otras condiciones para avanzar nuevamente con el emprendimiento”, destacan.
Respecto a los montos que generalmente un terrateniente se lleva con estos negociados, Longo manifiesta que están vinculados a los impactos sobre la superficie que se realizan pero se anima a dar una noción de lo que se cobrarían. “Generalmente, esos son acuerdos que se hacen con confidencialidad pero hay datos de que se pagan cosas altísimas. Por ejemplo, un metro cuadrado de impacto sobre el terreno de flora nativa en algunos casos puede llegar a estar entre 15 o 20 mil pesos por cada afectación y con eso, solamente una picada o un camino de apertura de más de 100 metros son un par de millones de pesos que se llevan”, señaló Longo.
Por otro lado, los terratenientes cobran por lo que se llama “paso de servidumbre”. “Eso es un cobro anual que les paga la empresa depende al acuerdo al que lleguen. Por eso hay muchos terratenientes que con el petróleo o la minería se llevan mensualmente muy buenos montos”, detalló.
Con respecto a la frustrada explotación de la mina, conviene aclarar que entre la empresa que iba a llevar a cabo la minería, los dueños de los derechos mineros y otros intermediarios, franquiciantes y subsidiarios, trascendió un posible acuerdo en esos años de usufructo mediante el cual un dúo de “propietarios” que no eran los Félix, iban a recibir de parte de Exeter Resoruce Corporation el 3,5% de utilidades que generara dicha explotación. Lo curioso de la cifra del contrato es que la corporación transnacional estaba dispuesta a pagarle más dinero al titular de los pedimentos que al Estado Provincial (hasta 3% de regalías según el art. 22 de la Ley Nacional 24.196).
En las imágenes satelitales se observan las evidencias en el terreno de los trabajos de exploración avanzada realizados en 2005, el impacto ambiental producido por estos trabajos no ha sido remediado. Los prospectos se localizan en una zona ocupada con puestos ganaderos, en inmediaciones de la Ruta Provincia 190, cerca de la Reserva La Payunia y muy próximo la Laguna Bravina o del Azufre, uno de los humedales más importantes del sureste mendocino, hacia donde fluye el escurrimiento superficial temporario de la zona del “proyecto”.
El área del proyecto está cercana a ANP Reserva La Payunia. Esta ANP ha sido postulada por el propio Gobierno Provincial ante la UNESCO para ser designada Patrimonio Natural de la Humanidad, por lo tanto, resulta un verdadero despropósito promover una actividad tan impactante cerca de este verdadero paraíso natural.
Las contradicciones de Omar Félix como candidato
En medio de la precandidatura, el diputado nacional fue consultado acerca de su opinión sobre si debería promoverse la actividad minera a cielo abierto. Ante esto, Félix se abstuvo de responder. En otra entrevista a Canal 6, criticó la gestión nacional al decir que “no se bajó la inflación pero sí el consumo y el ingreso de la gente. Uno ve que se afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad mientras se le sacan retenciones a la minería y al sector agroexportador”.
Sin embargo, ya como diputado nacional electo, en declaraciones durante la gestión actual, destacó que “Mendoza debe establecer parques mineros controlados”. “Lo primero que hay que distinguir es que no todas las minerías son iguales. Lo que falta es buscar el desarrollo sustentable de la minería para que el desarrollo no sea como en San Juan. Mendoza debe establecer parques mineros controlados en donde en el control participe el Estado, universidades, ONG”, aseveró en 2016. “Creo que hay que pasar a la decisión y éste debe ser con un acuerdo político de todas las fuerzas políticas y productivas para tomar una decisión que lleva adelante un plan minero integral”, agregó.
El potencial millonario del proyecto minero Don Sixto
Fue descubierto en 1996 por Argentina Mineral Development (AMD). La exploración a escala de distrito permitió definir una significativa y extensa zona de mineralización de oro dentro de un área de 4 Km2. Entre enero de 1997 y diciembre de 1998 se desarrolló un intenso programa de exploración sobre el depósito y ese trabajo desembocó en la concreción de un plan de 16.070 metros de perforaciones distribuidas en 126 pozos.
Cuatro años después, Exeter Resource Corporation adquirió las propiedades en donde se emplaza el yacimiento, que fue rebautizado más tarde como Don Sixto. En el año 2011, los gigantes mineros Yamana Gold compraron a Extorre el %100 de la mina Don Sixto. Sin embargo, la provincia restringió la actividad minera en 2007, hecho que detuvo el proyecto.
Los cálculos son millonarios. Según la Mesa Minera, la mina Don Sixto como Santa Clara tienen un potencial respecto a las reservas de 4.590 millones de dólares y para su explotación se requerirían 600 millones en moneda estadounidense. Don Sixto, hospeda varios depósitos vetiformes que contienen un recurso factibilizado de 1,3 millones de onzas de oro.
Sin embargo, el depósito mineral, tiene como principal impedimente para su explotación la prohibición impuesta por la Ley 7.722 respecto al uso del cianuro en el proceso mineralúrgico. Este compuesto de uso tradicional y global en la minería aurífera, es necesario para liberar el metal precioso de su ganga de cuarzo. Se ha utilizado cianuro tradicionalmente en las minas argentinas y se emplea actualmente en las operaciones de Veladero, Casposo, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, Mina San José, entre otras.
