La Sala IV del Tribunal de Impugnación ordenó continuar con la causa por fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción agravada y amenazas que implica al actual concejal por Campo Quijano, Carlos Sosa.
Sosa fue denunciado cuando ejercía el cargo de intendente de la localidad de Campo Quijano, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos en el año 2002.
Antonio Omar Silisque y Luis Félix Costas, jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, decidieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la fiscalía interviniente, revocando el sobreseimiento dictado a favor de Carlos Alberto Sosa.
En ese sentido, la resolución atacada había tenido por extinguida la acción penal en la causa seguida contra Sosa, acusado de los delitos de peculado (tres hechos) en concurso real con violación a los deberes de funcionario público (tres hechos), en concurso real con fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real con coacción (dos hechos).
“Esta es una actitud que varios intendentes realizan, no todos, aclaro. Las causas que lo implican como imputado de peculado (por Sosa) tienen que ver con el uso de vehículos, con el fondo de la cooperadora, utilizando y presionando a gente que estaba cerca él”, expresó Raúl Belmont, quien realizó la denuncia en 2002, en una entrevista radial.
Los jueces de Alzada tuvieron en cuenta que si bien en el caso está en juego el derecho del imputado de ser juzgado en un plazo razonable, por otro lado se tiene que el mismo revestía el estado de funcionario público al momento de los hechos por los que se encuentra acusado, y que ellos son contra la administración pública.
Destacaron que para precisar el plazo que puede considerarse razonable a los fines de la extinción de la acción penal, son: la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; la conducta de las autoridades judiciales, supuestos que no se cumplieron a lo largo del análisis efectuado al expediente en examen.
Por ello, los jueces manifestaron su disconformidad con la resolución atacada, y recomendaron al Tribunal de origen la urgente prosecución de la causa.
Sosa fue denunciado cuando ejercía el cargo de intendente de la localidad de Campo Quijano, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, denuncia realizada por aquel entonces por Raúl Belmont, vecino del pueblo. También había sido acusado de utilizar una camioneta de propiedad de la Municipalidad de Campo Quijano, pese a haber cesado en su cargo de intendente.
La continuidad de la mantiene la vigencia de sentar un antecedente con una causa similar como “la causa de los intendentes” y llevar a juicio oral a los exintendentes Rubén Corimayo (Cerrillos) y Sergio “Topo” Ramos (Rosario de Lerma).