El empresario había apelado su procesamiento y prisión preventiva ante la Sala 1 de la Cámara Federal porteña.
La Sala 1 de la Cámara Federal porteña aceptó el pedido de excarcelación presentado por los empresarios y dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, ambos detenidos por supuesta defraudación al Estado al no pagar unos 8 mil millones de impuestos al fisco.
La noticia no generó sorpresa. Tal como se especulaba desde hace dos semanas, el empresario y su socio serán excarcelados por orden de la Cámara Federal porteña.
Con los votos de Jorge Ballestero y Carlos Farah, los dueños del Grupo Indalo detenidos desde diciembre lograron salir de la prisión en la que se encontraban desde diciembre. Ambos habían apelado la prisión preventiva que el juez Julián Ercolini les dictó justo antes de Navidad.
Según figura en el expediente, tanto López como De Sousa fueron procesados por fraude al Estado a través de la evasión del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC) de su firma Oil Combustibles, que entre 2013 y 2015 retuvo indebidamente el pago de ese tributo -que todos los clientes de las estaciones de servicio de Oil pagaban cada vez que cargan nafta-.
El monto del reclamo de la causa era por 8.000 millones de pesos. Luego de la denuncia de la AFIP y el inicio de la investigación judicial, la suma fue actualizada a 17.000 millones de pesos, aunque la justicia determinó que existió un período en el cual los pagos fueron efectuados. La compañía Oil había vuelto a evadir el ITC, sumando otros 860 millones de pesos a esa deuda.
Debido a que la investigación no se dio por finalizada, Ercolini sostuvo que era necesario mantener la prisión preventiva porque a su juicio los empresarios habían entorpecido la investigación con distintas maniobras. Entre las más notorias se puede mencionar la intención de dividir Indalo en dos partes para mandar a concurso de acreedores una de ellas y tras el fracaso del intento, la supuesta venta del grupo completo al fondo OP Investments.
Este negocio estaba prohibido, ya que Indalo tenía una inhibición general de bienes ordenada por Ercolini. Pese a esta postura, que apoyó el camarista Leopoldo Bruglia, su colega Jorge Ballestero no coincidió y sostuvo que no eran suficientes como explicación de las prisiones preventivas.
Como se generó un empate, y como tras la destitución de Eduardo Freiler la sala sólo tiene dos jueces, fue convocado Eduardo Farah, ntegrante de la sala II de Cámara Federal, para desempatar.
El magistrado recibió ayer al atardecer la apelación de los empresarios, y con la firma de Farah en sintonía con Ballestero, los empresarios continuarán el proceso en libertad o hasta que al menos alguno de los querellantes apele la resolución.
