Alejandro Braun Peña desmontó miles de hectáreas de bosque nativo. Bergman le prohibió seguir avanzando.
El poderoso empresario Alejandro Braun Peña -propietario de la estancia Cuchuy en la provincia de Salta- generó una incómoda situación tanto para el gobierno de Juan Manuel Urtubey como para la Casa Rosada, con su agresiva política de desmonte de bosques nativos.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas, de ahí la incomodidad que genera en el gobierno nacional los conflictos que desata. Dueño de múltiples empresas accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente. A través de su empresa General Lighting Systems (GLS) logró ser proveedor de luces LED para el Estado.
El conflicto más visible que protagoniza este empresario se produce en Salta. La agrupación ambientalista Greenpeace denunció que el empresario violó la ley de protección de bosques nativos y a fines de enero el Ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman ordenó a Salta que suspenda 32 habilitaciones de desmontes al resultar “incompatibles con las disposiciones de la Ley de Bosques”.
Al parecer, según lo que averiguó La Política Online, Braun Peña desoyó el decreto firmado por el ministro Sergio Bergman publicado en el Boletín Oficial el pasado 25 de enero y continuó con sus planes de expansión productiva en la provincia.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
“Braun Peña goza de un alto grado de impunidad para poder hacer esto”, denunció a LPO Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Esto se hace con la complicidad del gobierno provincial y nacional”, se quejó.
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Al avanzar con los desmontes el empresario entró en conflicto con las comunidades indígenas que habitan en la zona donde habría un total de 17 familias wichis que ahora están ubicadas en una pequeña isla de bosque.
“Ya sobrevolamos la zona y constatamos que siguen los desmontes, queremos que Braun Peña cese inmediatamente con esta actitud y retire las topadoras porque están en riesgo las casas, el almacén y la farmacia de las comunidades”, agregó Giardini.
En su momento, la familia del empresario pidió al gobierno salteño que cambie la zoonificación que determinaba que su estancia estaba protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para poder avanzar con los desmontes.
El cruce con la Casa Rosada
Funcionarios del gobierno salteño indicaron a LPO que consideran “insólita” la resolución del Ministerio de Medio Ambiente porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para declarar si un decreto provincial se ajusta o no a la legislación vigente.
“Desde que soy abogado entiendo que eso lo tienen que hacer los jueces, pero bueno, en el Gobierno nacional a veces pasan cosas raras”, dijo el 25 de enero pasado el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, según un artículo publicado por El Tribuno.
La disputa entre Salta y Nación lleva años porque la Ley de Bosques -sancionada en 2010- fue violada sistemáticamente, primero por el kirchnerismo y luego por el macrismo, al no pagarse las compensaciones correspondientes a las provincias.
En el gobierno salteño consideran que para poder restaurar las 45.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia, tal como lo exige el Ministerio de Medio Ambiente, primero debería abonarse la deuda ambiental que tiene la Casa Rosada.
Como sea, la discusión se da en medio de las históricas inundaciones que se dieron en enero en la provincia a partir de los desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo que derivaron en la evacuación de más de 60 mil personas.