Ratifican la marcha azucarera de 300 kilómetros para el 19 de febrero y repudian la represión contra azucareros y población de Hipólito Yrigoyen.
Los trabajadores azucareros salteños exigen la reactivación urgente del Ingenio San Isidro, cuyo cese de actividades y posterior cierre definitivo anunció recientemente la empresa multinacional de origen peruano Gloria.
“Una multinacional extranjera, por más poderosa que sea, no puede vulnerar las leyes argentinas en general ni las leyes laborales de nuestro país en particular”, afirmó Mariano Cuenca, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio San Isidro (SOEASI), integrante de la Federación Azucarera Regional (FAR) que nuclea a los trabajadores de los 5 ingenios ubicados en Salta y Jujuy.
Como ya fue anunciado, esta Federación realizará el lunes 19 de febrero una marcha azucarera que comenzará en la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen (Ingenio San Martín del Tabacal, 181 despedidos), Ledesma, Jujuy (Ingenio Ledesma, 30 despedidos), San Pedro de Jujuy (Ingenio La Esperanza, casi 300 trabajadores despedidos) para culminar en las puertas del Ingenio San Isidro en la localidad salteña de Campo Santo, donde con el cierre unilateral decidido por la empresa quedan sin trabajo 730 trabajadores directos y unos 1900 indirectos que también viven de actividades vinculadas con la producción azucarera local. La caravana obrera concluirá con un acto en la vecina ciudad de General Guemes, a 45 kilómetros de la capital provincial, sobre la ruta 34.
Según Cuenca, “ya hay varios inversores interesados en comprar el Ingenio San Isidro,a todos les pediremos que mantengan todos los puestos de trabajo y el convenio colectivo.Hasta el momento los dueños de la empresa, el Grupo Gloria, no han manifestado interés alguno por vender, sino que plantean irse y dejar a la localidad de Campo Santo y a la ciudad de General Guemes, sumergidas en una verdadera catástrofe social”.
El dirigente sindical planteó también que “en caso de que la intransigencia del Grupo Gloria no se modifique, el Estado provincial tiene un cuerpo de leyes que permiten la expropiación y estatización de la empresa y la reactivación del ingenio, manteniendo los puestos de trabajo y respetando los derechos adquiridos de los azucareros”.
El régimen de expropiación salteño, en su artículo 4° expresa que “pueden ser objeto de expropiación todos los bienes, muebles o inmuebles, convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública” o interés general, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosa o no”, mientras que el artículo 5° dictamina que “el Estado podrá expropiar bienes del dominio municipal o de particulares con fines de utilidad pública”.
En ese contexto, Cuenca se pregunta: “¿Acaso la potestad del Estado provincial puede ser vulnerada por un grupo económico, sea nacional o extranjero, que desconoce las legislaciones y sólo se interesa por aumentar su tasa de ganancia vulnerando leyes locales y afectando de manera brutal el presente y el futuro de los salteños?”, y agrega “¿Qué más importante para la ‘utilidad pública’ puede haber que la reactivación del medio de subsistencia de miles de familias que quedarán desamparadas?”
Mientras siguen los reclamos por el reinicio de la actividad del Ingenio San Isidro, los representantes obreros del SOEASI no descartan que “todo esto sea una maniobra extorsiva empresaria, para destruir los derechos adquiridos de los trabajadores en las paritarias, producir despidos sin causa, desconocer el convenio colectivo del gremio e instalarse como verdaderos señores feudales que someten al pueblo con la amenaza del hambre y la desocupación”.
La existencia de “un plan sistemático para despedir obreros en los ingenios de todo el norte argentino forma parte de esas maniobras patronales y nosotros exigimos que se dé marcha atrás con esas prácticas nefastas”, dijo Cuenca, quien repudió “la represión ejercida hace dos días contra los trabajadores y todo el pueblo de Hipólito Yrigoyen por reclamar sus derechos”. Finalmente, el dirigente expresó que “los conflictos sociales no deben resolverse con represiones, con policías ni con gendarmes, sino con la intervención del estado que ,en última instancia debe garantizar los puestos de trabajo”.
