Seguramente el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli no hayan estado advertidos del último informe que la Unidad de Información Financiera presentó ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que se lo investiga a Hugo Moyano por presunto fraude a Camioneros. Tal vez hubieran esquivado asistir el martes al acto de inauguración del Sanatorio Antártida. O, al menos, hubieran ahorrado varios aplausos cuando se descubrió una placa que, insólitamente, agradecía los servicios de Aconra SA, la empresa constructora de la familia Moyano que estuvo a cargo de las obras del nuevo y lujoso centro médico que tendrán los afiliados del sindicato en Caballito. Es que la UIF denuncia “irregularidades en la administración de los recursos” y apunta, precisamente, a operaciones por más de 200 millones de pesos que esa compañía -y otras dos del clan- realizaron con el gremio que hoy dirige formalmente Pablo Moyano.
Si bien el nexo entre esas empresas con Camioneros había sido denunciado en reiteradas ocasiones, la primera que originó la causa fue una denuncia que la actual legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña presentó en 2009. Pero el expediente estuvo frenado. Pero ahora, la UIF, a pedido de Bonadio, elaboró un informe en el que asegura haber Identificado movimientos difíciles de justificar. Señala que, al menos entre septiembre 2010 y marzo de 2011, a una cuenta de Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), ingresaron fondos por $220.828.867,56. De una muestra preliminar de 26 cheques por $105 millones que analizó la UIF, la totalidad fue librada por el Sindicato de Choferes de Camiones y firmado por Pablo Moyano, como secretario Adjunto. Según el informe al que accedió Clarín, la modalidad “se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado en la misma cuenta acreditaciones por un monto de $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros”. Es decir, sólo tomando en cuenta esos dos períodos, unos 206 millones de pesos.
“Se entiende que personas allegadas a Hugo Moyano han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a la obra social de Camioneros”, concluye el informe que el organismo dirigido por Mariano Federici presentó -al igual que el que reveló Clarín el domingo- en el mes de diciembre ante Bonadio.
Aconra es presidida por Vicente Asorey, suegro de Valeria Salerno, una de las hijas de Liliana Zulet (la esposa de Hugo Moyano) y vice de la compañía. Como director, en tanto, figura Juan Manuel Noriega Zulet, otro de los hijastros del camionero, también integrante de otras firmas.
Aunque ahora ante AFIP figura con 426 empleados a cargo, la empresa que según denuncia la UIF tuvo “un notable incremento en su facturación” de la mano de los Moyano. Creada en 1998, hasta 2004 “no había realizado ningún tipo de actividad”. Pero pasó de generar en febrero de 2005 menos de un millón de pesos a facturar $155 millones, a febrero de 2011.
Si bien hace hincapié en Aconra, el modus operandi que denuncia la UIF se extiende a otras firmas, también de personas cercanas a la familia Moyano: detectaron operaciones similares -por montos sensiblemente más bajos- con Dixey SA, un taller de ropa de la esposa de Hugo Moyano (aunque con cifras más bajas) e IARAI SA; ambas dirigidas por Valeria Salerno y con actividad comercial vinculada casi exclusivamente al sindicato.
Aunque a diferencia del caso del portero Víctor Santa María no habla de una triangulación (el retorno del dinero a cuentas o firmas directas a Moyano, sino que da cuenta del giro de fondos del sindicato a las firmas de sus allegados), el informe sostiene que las operaciones generaron “incumplimientos a la normativa que regula el funcionamiento de las obras sociales” y que “todo indicaría que los bienes adquiridos y mantenidos con los fondos de estas firmas son utilizados en beneficio particular de las personas, familiares y allegados a Hugo y Pablo Moyano”.
La UIF, que no es querellante pero a partir de las pruebas aportadas -a requerimiento del juez- pide que se profundice la investigación en sede judicial, advierte sobre algunas operaciones inmobiliarias, entre las partes involucradas, “que podrían resultar propicias para la canalización de los fondos”.
Por último, tanto Salerno como el otro hijastro de Hugo Moyano, Juan Manuel Noriega Zulet (que integra las sociedades Aconra, Dixey y hasta octubre fue empleado de Iarai SA), ingresaron al blanqueo de capitales con ocho millones y medio de pesos, cada uno.
El vínculo con Moyano es uno de los temas que más divisiones genera en el Gobierno. Mientras el Presidente y el jefe de Gabinete Marcos Peña no están dispuestos a hacer concesiones con el camionero, otros funcionarios ven las causas en las que se lo investiga -o que son de interés de Moyano- como una herramienta para destrabar la reforma laboral. Un ejemplo de esta división fue la prórroga del concurso de la postal OCA, impulsada por el todopoderoso vicejefe de Gabinete Mario Quintana. En cambio, las presencias de Triaca y Santilli, además del titular de la Superintendencia de Servicios de Salud Sandro Taricco, en el acto del martes obedeció, según dijeron, a cuestiones “protocolares”.
Clarín se comunicó con el entorno de Moyano, pidió hablar con él para que pudiera aclarar su posición, pero la respuesta no dejó dudas: “¿Querés hablar con Hugo? Imposible, está en Mar del Plata”.
