Diputados de Avanzar y Cambiemos de San Luis denunciaron penalmente al gobernador Alberto Rodríguez Saá y a su hermano, Adolfo Rodríguez Saá, por la entrega de un subsidio de 80 millones de pesos a la fundación Mujeres Puntanas, que el senador y candidato a renovar su banca creó junto a su esposa, Gisela Vartalitis, y que sortea electrodomésticos en medio de la campaña electoral.
La denuncia, a la que accedió LA NACION, fue presentada esta mañana ante la Fiscalía Federal de primera instancia Nº 1 de San Luis y alcanza no sólo a los hermanos Rodríguez Saá y Vartalitis, sino también al vicegobernador, Carlos Ponce, y a los funcionarios que participaron en la entrega en tiempo récord del subsidio millonario a una fundación sin antecedentes, creada poco antes de recibir los fondos.
Los diputados de la oposición puntana los acusan de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial, en una maniobra destinada además a violar la ley de financiamiento electoral.
Un subsidio millonario en tiempo récord
De acuerdo con la documentación recabada por la oposición local y que LA NACION publicó en los últimos días, Adolfo Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis constituyeron la Fundación Mujeres Puntanas el 21 de julio y aportaron un capital inicial de 20.000 pesos.
El 1° de septiembre, Vartalitis envió una nota a su cuñado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, solicitando 80 millones de pesos para financiar el proyecto Mujeres Emprendedoras. Sin mayores detalles, el pedido se sintetizó en cuatro carillas.
Ese mismo día, la provincia firmó un convenio con la fundación para dar curso al programa. El convenio fue avalado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción provincial, Sergio Freixes, otro de los denunciados.
Con notable rapidez, el convenio fue homologado el 8 de septiembre a través del decreto provincial 5762, que también ordenó disponer el pago de los 80 millones a la fundación. No lo firmó el gobernador, sino su vice, Carlos Ponce, a las 15.50.
Sin embargo, los diputados opositores descubrieron que, cinco minutos antes, a las 15.45 (así quedó registrado el trámite electrónico), el gobernador sí firmó otro decreto (el 5761) para reestructurar partidas y que los 80 millones estuvieran disponibles.
Los fondos se liquidaron ese mismo día, a través de una orden de pago del Ministerio de Hacienda, cuya titular, Natalia Chacur, también fue denunciada. Lo mismo que el fiscal de Estado Eduardo Allende y el contador general Daniel Marone.
“Fue tan armada y veloz la maniobra que mientras se gestaba el pedido de subsidio se advierte que el Ministerio carecía de los fondos suficientes para afrontar tal erogación, entonces se genera el expediente paralelo de cambio de partidas presupuestarias, por exactamente el mismo monto del subsidio solicitado y este [decreto] sí lo firma el gobernador, mientras se excusa en el otro de otorgamiento del subsidio, cuando ambos tienen una identidad sustancial, sólo desconocible por vía del cinismo”, denuncian los diputados opositores.
“No hay que ser ingenuos y desconocer el contexto y proceso eleccionario que se vive en estos tiempos. Con este ardid se pretende sustraer dineros de las arcas del Fisco para el financiamiento de actividades proselitistas”, agregan en su denuncia Alejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Norma Pastor, Ingrid Blumencwig y Sergio Guardia, diputados provinciales de Avanzar y Cambiemos.
Además de pedir el embargo de las cuentas de la fundación Mujeres Puntanas, los diputados solicitaron que se inspeccione su domicilio legal, para verificar si allí se realizan actividades de campaña, como consignaron varios medios puntanos.
